por Patricia García
para Ambito Financiero
El Gobierno porteño dio a conocer ayer la prórroga del
contrato con la concesionaria de los subterráneos por 30 días más, mientras
negocia un nuevo contrato por dos años, justo en la semana en la cual también
Mauricio Macri emitirá el decreto que dispone el aumento de la tarifa de $ 2,50
a $ 3,50.
La oposición al PRO presentó un amparo, ayer, para intentar
detener la suba y también se dedicó a juntar firmas en ese sentido, pero la
propuesta de aumento ya pasó los trámites obligatorios, como la realización de
una audiencia pública y el Gobierno porteño no tiene intención de detenerla.
Macri publicará mañana en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires la norma que dispone el cambio de tarifa, que se aplicaría a
partir de la semana próxima, o este fin de semana de acuerdo con cómo maneje el
PRO los plazos, teniendo en cuenta que en enero de 2012 no bien se difundió el
decreto de suba inmediatamente se aplicó. Ante el anuncio, la concesionaria
Metrovías limitó la venta de pasajes a 40 por persona con la itención de acotar
el acopio a precio viejo.
La administración macrista ya está conversando con la
concesionaria los términos del nuevo contrato que, de acuerdo con la ley que se
sancionó para transferir el servicio a la Ciudad, impone que la empresa deje
todos los negocios adicionales que tiene en torno a los subtes, como la
publicidad, el paso de fibra óptica o el alquiler de locales. Además, la
discusión tiene como eje establecer penalidades más severas especialmente en lo
que se refiere a la seguridad del servicio.
Amparo
Ante la decisión de aumentar el pasaje, la oposición al PRO
no logró sancionar una ley que lo impida y en cambio el legislador Alejandro
Bodart (MST en Proyecto Sur) presentó ante la Justicia porteña en lo
Contencioso Administrativo un amparo contra la suba, sosteniendo que "este
tarifazo injustificado y expulsivo sólo busca proteger el negocio privado de
Metrovías, cuando el subte es un servicio público que cumple una función
social" y que "la suba de un 218% en 15 meses no se condice con la
inflación ni con el bolsillo de miles de usuarios".
En ese sentido, la titular de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, envió a la Legislatura porteña un
proyecto de ley para amortiguar el aumento, que propone tarifas más baratas.
La iniciativa contempla una reducción del 60% para maestros
de establecimientos públicos de la Ciudad y empleados que cobren el salario
mínimo vital y móvil y un subsidio del 80% del pasaje para estudiantes
secundarios y de nivel terciario no universitario de escuelas públicas o privadas
subsidiadas. Además, propone que viajen gratis los alumnos de escuelas
primarias, personas con necesidades especiales y beneficiarios de programas de
asistencia social.
El jefe de Gobierno decidió esperar la reinauguración de la
línea A del subterráneo, que fue interrumpida para renovar las formaciones,
antes de disponer el cambio de tarifa, además de cumplir con el trámite de
audiencia pública.
Esos debates no son vinculantes y el Gobierno porteño
anticipó antes de su realización que el aumento se aplicará igual.
Por ahora la administración PRO no comunicó la fecha
definitiva en que cambiará la tarifa a la concesionaria, que a su vez debe
comunicarles a los usuarios a partir de cuándo entra en vigencia el nuevo
valor.
