Subtes: compra de vagones dividió a UNEN

Cristian Ritondo,
vicepresidente primero de la Legislatura
porteña condujo el debate 

El gobierno porteño ya puede endeudarse nuevamente. En esta ocasión la Legislatura votó, en días previos a las elecciones generales del 27 de octubre, la ley que autoriza a Mauricio Macri a comprar 105 coches nuevos para la Línea A del subterráneo porteño.
El PRO hizo malabares y consiguió que la Coalición Cívica (Elisa Carrió, UNEN), el radicalismo (UNEN) y unos bloques chicos más les dieran los votos para sancionar esta semana la autorización. En cambio el kirchnerismo se abstuvo y también el bloque Proyecto Sur que se referencia con Fernando Pino Solanas, primer candidato a senador porteño por UNEN. Así, el combo Solanas-Carrió mostró una vez más sus diferencias.

Pablo Bergel de P. Sur explicó  la abstención diciendo que "la destrucción de la industria ferroviaria nos pone ante una situación de dependencia respecto a los proveedores internacionales siendo que tiempo atrás Argentina fue una nación líder en fabricación, diseño y patentes" y se lamentóde no "seguir el ejemplo de Brasil, que propicia que cada coche venga con su respectiva transferencia de tecnología, de manera que si hay que comprar también se reactive la industria local", apuntó que "ésta compra que hace la Ciudad de Buenos Aires nos deja en igualdad de condiciones ante el problema".
La ley  declara de "interés público y crítica la inversión de capital" y autoriza "al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer un préstamo financiero con el Banco de Exportación e Importación de la República Popular China (China Eximbank) y/o con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), y/o el Banco de China (Bank of China), y/o el Banco de Desarrollo de China (China Development Bank) por un monto de hasta dólares estadounidenses ciento noventa millones (U$S 190.000.000), o su equivalente en otra u otras monedas, con plazo de amortización no menor a tres (3) años, con un (1) año de gracia".
También  autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, conforme las pautas establecidas "a dictar las normas complementarias a través de las cuales se establezcan las restantes condiciones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley, así como la instrumentación de acuerdos de cobertura de riesgos, en especial riesgos cambiarios, ya sea por medio de operaciones de cobertura de monedas y/o de tasas de interés, y/o seguros de cualquier naturaleza".