Justicia a favor de comuneros

La división de la Ciudad de Buenos Aires en Comunas la impuso la Constitución porteña y pronto, muchos de sus propios autores vieron la inconveniencia de aplicar esa descentralización. Por eso se retrasó diez años el mandato constitucional hasta que, obligado por la justicia, Mauricio Macri debió implementar la primera votación de las juntas que comandas esas zonas. A su vez, el mapa divisiorio de la ciudad en comunas resulta inapropiado para muchos barrios. Por ejemplo la 1 que une desde Retiro hasta Constitución incluyendo Puerto Madero con su diversidad de intereses y necesidades, o la comuna que abarca desde Villa Crespo hasta Agronomía con una barrera arquitectónica imporante como es la Facultad de Agronomía. Inclusive, ese barrio pequeño de la ciudad, nada tiene que ver con Villa Crespo totalmente alejado de su vida cotidiana simplemente por la distancia que los separa.
Como sea, realizada la división y la elección, Macri recortó las facultades que la Constitución asignó a las juntas comunales y transformó los anteriores Centros de Gestión y Participación en Unidades de Atención Ciudadana. La justicia falló ayer en contra del decreto que creó esas reparticiones y las comunas recuperarían competencias.
La decisión judicial fue a partir de un planteo del legislador de la oposición Rafael Gentilli (Proyecto Sur), quien solicitó un amparo considerando que un decreto de 2011 "recreaba los Centros de Gestión y Participación (CGP) denominándolos como Unidades de Atención Ciudadana" y que esa norma "avanzaba en funciones que van más allá del ejercicio de actividades desconcentradas del Ejecutivo, inmiscuyéndose en la coordinación de los servicios, en su disposición en las sedes comunales y sus relaciones con la comunidad".


La Justicia señaló que "en definitiva" el Decreto 376/11 en cuestión "mantiene en la estructura del Gobierno central competencias que por decisión legislativa corresponden a las autoridades comunales y, en consecuencia, sólo cabe declarar su ilegitimidad". De ese modo, el tribunal resolvió declarar "la ilegitimidad"de la norma.

Gentilli, quien dio a conocer la resolución, explicó que "de esta manera, la Junta comunal ahora recupera las funciones de: coordinación de la atención al público, las obras públicas comunales (calles interiores y avenidas), las decisiones sobre los espacios verdes, el sistema de poda y arbolado, el control comunal sobre los espacios públicos y el manejo de la cuadrilla de emergencia de obra pública (baches y veredas)".

De todos modos, la mayoría de las comunas porteñas está presidida por el macrismo, de acuerdo con el resultado de la primera elección en la cual los vecinos votaron las autoridades, pero el fallo le quitaría competencias ahora a la administración central del Gobierno porteño que cuenta con una oficina especial para la coordinación con los comuneros.