La auditoría al Metro de Barcelona que encargó Mauricio Macri para saber el estado de los subterráneos porteños costó 98.797,60 euros, que se pagaron a través de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires SA, empresa estatal de la Ciudad de Buenos Aires). En esas oficinas también se estudió la posibilidad de romper el contrato de concesión con la concesionaria Metrovías que maneja los subtes, pero que la indemnización la pagara el gobierno nacional. Por ahora las posibilidades de reestatizar el subte, son bajas en los análisis del PRO.
Reestatizar, una opción
por Patricia Garcíapara Ambito Financiero
Sorprendió ayer el jefe de Gabinete PRO, Horacio Rodríguez Larreta, al explicar como posibilidad la reestatización del servicio. Los subtes están concesionados a la empresa Metrovías, mediante un contrato con abundantes adendas que firmó el Gobierno nacional, pero también la empresa estatal SBASE (Subterráneos de Buenos Aires SE), antes del status de Ciudad Autónoma de la Capital Federal.
Rodríguez Larreta dijo que la posibilidad de un gerenciamiento por parte del Estado porteño, que sería a través de SBASE, «existe, en la ley va a estar contemplado, después hay que ver la conveniencia de eso».
Lo cierto es que el Gobierno porteño viene estudiando la alternativa y autoridades de SBASE, inclusive, conversaron con representantes de la concesionaria. Pero la empresa podría exigir una indemnización si se diera por terminado el contrato antes de tiempo (vence en 2017), lo que sería el inicio de una pelea millonaria, a menos que Macri tomara una medida más drástica si realmente quisiera que el organismo que preside Juan Pablo Piccardo conduzca los subtes.
En principio, el macrismo buscará readecuar partidas presupuestarias por cerca de $ 1.000 millones, a lo que ofrecerá crear una tasa adicional a las naftas, una suba del impuesto a las patentes o una suba del peaje. Por ahora la oposición le rechaza cualquier aumento. La idea del PRO es estirar todo lo posible la determinación de aumentar nuevamente la tarifa, y trataría de solventar el servicio (estatizado o no) con recursos propios, por lo menos por un año, en el cual emprenderá un importante operativo de maquillaje del servicio que ya se está diseñando.
Por ahora el tono que quiere dar el macrismo a la ley no es el de adhesión al acta de transferencia que firmó Macri en enero (y después rechazó) ni a la ley que aprobó el Congreso que impone el pase de los subtes y 33 líneas de colectivos a la Ciudad. Se trata de una norma que planteará que el Gobierno nacional «devuelva» a la Ciudad el control de los subtes que le corresponde.
Esos borradores que mantienen en reserva Rodríguez Larreta, Piccardo y el legislador Martín Ocampo, deberán pasar antes de llegar al recinto por la vista de juristas especializados, ya que un proyecto que frustre la decisión de Macri haría hasta peligrar la continuidad del servicio, que en un mes no recibirá más subsidios.
En otro sentido, la Legislatura porteña aprobó anoche el pedido de Macri para tomar un crédito por u$s 216 millones destinados a comprar 120 vagones para la línea H, que es la única en la que no tiene injerencia el Gobierno nacional porque se construyó después de aquel contrato de concesión.
Por otra parte, Rodríguez Larreta ratificó ayer que el Gobierno porteño no piensa hacerse cargo del control de las 33 líneas de colectivos cuyo recorrido no traspasa la Ciudad de Buenos Aires. Esa transferencia, junto con las líneas de subte y el Premetro, está dispuesta en la ley nacional que sancionó el Congreso después que Macri resolviera romper el acta acuerdo.
