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27/2/18

Larreta quiere bajar la altura de las torres y flexibilizar los usos de los lotes en los barrios

El Gobierno porteño ya le comunicó a sus legisladores que para este año quiere que se apruebe una modificación al Código de Planeamiento Urbano, que como ejes propone limitar la altura de los edificios hasta 12 pisos, permitir la convivencia de empresas y comercios
en barrios residenciales y elimitar el método para calcular cuánto tiene permitido construir
cada parcela. En debate está aún la posibilidad de impedir que se desarrollen más shoppings en la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno porteño ya tiene listo más que un borrador con las modificaciones para el Código de Planeamiento Urbano que presentará en un mes a la Legislatura para su tratamiento y será la una de las prioridades de Larreta. Ya adelantó con su tropa la agenda para las sesiones que inaugurará esta semana y que, además de cambios en los permisos de construcción, habrá modificaciones en el Código de Edificación, en un listado donde también se destaca un Código Electoral, que la Ciudad de Buenos Aires, aún no tiene.

Con más de un centenar de reuniones y consultas, el nuevo Código de Planeamiento podría aprobarse fácilmente con la mayoría propia que reúne el interbloque oficialista porteño Vamos Juntos, pero el debate interno no está cerrado.

La propuesta incluye la eliminación del Factor de Ocupación Total (FOT) y del Factor de Ocupación del Suelo (FOS), que determina cuánto puede construir en altura un propietario y cuánta superficie puede cubrir. A partir del nuevo Código, esa cuenta se haría parcela por parcela. Es decir, el Gobierno porteño faciltaría un mecanismo para hacer esa consulta.

La altura de las torres, en avenidas anchas, no podrá superar los 38 metros, unos 12 pisos, y ya no valdría comprar varios lotes para aumentar la altura sumando el FOT. Por ahora, los desarrolladores se oponen a esa restricción, como también a la idea de no permitir la construcción de nuevos shopping. Después de todo, dicen en el Gobierno porteño, "en la avenida Libertador la altura máxima es 33 metros en la actualidad".

Otra de las claves de la nueva norma será que los usos se agruparán solamente en cuatro categorías y que serán más flexibles, con la idea de "que los vecinos puedan tener su trabajo más cerca.

Los estudios que realizaron el Gobierno porteño, aseguran que los edificios de más de 12 pisos en la Ciudad de Buenos Aires, representan cerca del 0,6% y que, en definitiva hay zonas ya saturadas de torres. En cuanto a los "usos", las categorías se dividirán en una de "baja mixtura", dos de "media mixtura" y una cuarta de "alta mixtura".Se refieren a la convivencia de viviendas con comercios e industrias u otro tipo de negocios. Así, en baja mixtura se encuadraría, por ejemplo, barrio Parque, donde no se podría instalar un hipermercado. De "alta", sería, por ejemplo, Palermo.

Para la prohibición de shopping, el propio macrismo no tiene aún consenso interno y será un debate extenso. La idea de la propuesta, asegura fundarse en "preservar" el perfil de los barrios.

Hace unos días, el vicejefe porteño, Diego Santilli, explicó que la normativa actual, de 1977, es restrictiva en materia de alturas máximas cuando se trata de una sola parcela, "pero si vos compras dos parcelas, podés construir alto como pasó con la torre de San Telmo, que es tremenda porque el tipo compró tres terrenos" y que se busca que "cada barrio mantenga su esencia".

El debate comenzará con la nueva conformación de la Legislatura, que con el recambio tras las elecciones de octubre, estará a cargo del macrista Francisco Quintana y a su vez el interbloque lo conducirá Agustín Forcchiri, quien además durante dos años presidió la Comisión de Planemiento Urbano que será la encargada de conseguir el despacho del proyecto de ley que envíe Larreta, para llevarlo al recinto. La legisladora del PRO, Victoria Roldán Méndez estará a cargo de esa comisión.

Por otra parte, el combo que prepara el Gobierno porteño para los legisladores, incluye también cambios en el Código de Edificación, como la eliminación de la obligación de contar con vivienda para los encargados de edificios.